Por Luis E. Loría
Strategic Advantage Consulting Group
lloria@strategic-la.com
Los encargados del manejo de la política económica de la presente administración han ejecutado, de manera impecable, la política económica del “No”.
Esta consiste en evitar activamente la discusión abierta y seria de propuestas de política económica distintas a las preferidas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda (MH), simplemente diciendo “No”, sin presentar argumentos válidos o justificaciones.
Ese tipo de comportamiento, por parte de las principales autoridades del BCCR y del MH resulta inaceptable. Los presidentes del BCCR y los ministros de Hacienda deberían sentirse obligados a rendir cuentas por sus acciones (en el BCCR) y omisiones (en el MH). También, deben estar en capacidad de explicar y justificar el porqué de las medidas.
Lamentablemente, en esas organizaciones la toma de decisiones de manera antojadiza—muchas veces sin fundamento técnico que las sustente—se convirtió en una práctica común y quienes deberían dar la cara ante el público prefieren esconderla.
Los serios errores cometidos en política monetaria, cambiaria, tasas de interés y en el manejo de las finanzas públicas han perjudicado la competitividad y el atractivo del país como destino para hacer negocios. Hacia futuro, las políticas vigentes representan un serio obstáculo para la reactivación económica requerida para que logremos salir de la crisis en Costa Rica.
La política económica del “No” es un fenómeno bien documentado, particularmente durante los últimos dos años.
“No” a la dolarización, a pesar de que el experimento con las bandas cambiarias ha sido un rotundo fracaso y la posibilidad real de que avanzar hacia la flotación es inexistente.
“NO” a la reducción de impuestos, a pesar de que ese tipo de política ha sido implementada exitosamente alrededor del mundo para estimular las actividades productivas, atraer inversión, dinamizar el consumo e incluso ha servido para mejorar los ingresos del gobierno.
“No” a la reducción del gasto público innecesario e ineficiente.
“No” a la eliminación de los encajes bancarios (impuesto a la intermediación financiera) y la reducción de las tasas de interés, una barrera para la inversión y generación de empleos.
“No” a la eliminación de aranceles de insumos, productos intermedios y bienes de capital, que encarecen los productos a los consumidores locales y restan competitividad a las empresas nacionales.
Evidencias…
Los resultados del Reporte Global de Competitividad 2009-2010, del World Economic Forum, ponen en evidencia la seria desventaja competitiva que representan para el país las políticas económicas actuales. De acuerdo con el reporte:
1. Posición 110 de 133 países en inflación.
2. Posición 114 de 133 países en margen de intermediación financiera.
3. Posición 102 de 133 países en tasa impositiva total.
4. Posición 91 de 133 países en prevalencia de barreras comerciales.
5. Posición 122 de 133 países en fortaleza de protección a los inversionistas-léase "reglas del juego claras”.
Las malas evaluaciones continúan.
El informe Doing Business 2010, del Banco Mundial, ubicó a Costa Rica en la posición 121 de 183 países en el ranking del índice de facilidad para hacer negocios. En el apartado de pago de impuestos nuestra posición es todavía peor, 154 de 183 países. Ante esa realidad, resulta imposible justificar que autoridades económicas del gobierno persistan, con arrogancia, en la aplicación de la política económica del “No”. Los costarricenses debemos exigir rendición de cuentas, transparencia y debate permanente acerca de lo que más conviene para el desarrollo económico futuro.
En otras palabras, adoptar una política económica del “Sí”.
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Este artículo fue publicado en el diario El Financiero:
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/septiembre/27/opinion2047175.html
29 de septiembre de 2009
18 de septiembre de 2009
Representación 50% hombres, 50% mujeres.
Por José Joaquín Fernández
¿Son las políticas de género compatibles con los valores de libertad y justicia? En particular, ¿es la obligatoriedad de 50% de representación femenina compatible con la democracia? Para las feministas de Costa Rica, agrupadas bajo el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), al parecer el único argumento para apoyar esta posición no es más que el censo poblacional que indica que las mujeres representan el 50% de la población.
Uno de los pilares de la democracia es que a través del proceso electoral puedan ser electas aquellas personas mejor capacitadas, preparadas e idóneas para el cargo. Todo ser humano tiene capacidades y habilidades distintas que son TOTALMENTE independientes de género, edad, color de piel, credo, nacionalidad, orientación sexual, etc. Lo que las feministas proponen es representación según el porcentaje poblacional, lo cual nos lleva al ridículo absurdo si se tomara en serio, porque entonces habrá que asegurar el porcentaje de participación correspondiente a los aficionados del Saprissa, a los menores de edad, a personas de la tercera edad, a los negros, un 15% a los nicaragüenses, a los heterosexuales, a los músicos, a los profesionales, etc. Dar un cargo a una mujer sólo porque es mujer es tan sexista y discriminatorio como darle oportunidad a un hombre sólo porque es hombre.
Como bien dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer artículo: “Todo ser humano nace libre….”. Es decir, que el ser humano es libre por naturaleza y no por decisión o voluntad del gobierno, del legislador o de las mayorías. El principio de libertad individual es uno pero que se expresa de muchas maneras. Como bien dice el galardonado premio Nobel Friedrich Hayek en su libro “Constitution of Liberty”, la Libertad es una. La libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de comerciar, la libertad de credo, la libertad de acción, la libertad económica, la libertad de asociación, etc., todas son corolarios o consecuencias del principio universal de la libertad individual. Por tanto, todas estas manifestaciones de la libertad individual, incluyendo el derecho a la propiedad, también existen antes que el Estado, el gobierno o las leyes. El único límite a la libertad es no violentar la libertad de otro ser humano.
La libertad de asociación implica que todo ser humano tiene el derecho a agruparse en las condiciones que ellos acuerden libremente siempre y cuando no violenten la libertad del prójimo. Siendo así, como resultado de esa libertad, los individuos tienen la facultad, por derecho natural, de agruparse bajo los criterios de deseen, excluyendo a los que no cumplen con los criterios del grupo. Es decir, cualquier organización puede ser de sólo hombres, sólo mujeres, sólo católicos, sólo mayores de edad, etc. Por tanto, ningún gobierno tiene el derecho a violentar o imponer criterios de agrupación más allá de prohibir la asociación ilícita con fines de crimen organizado.
Por otro lado, toda política de género lleva implícito el supuesto de un sentimiento de inferioridad, lo cual es contrario a lo que se persigue. Abogar por la obligatoriedad de participaciones mínimas para la mujer solo se explica si se da por un hecho que la mujer no posee la misma capacidad que los hombres. El reconocimiento que vale es el que se alcanza con esfuerzo propio. Todo ser humano con autoestima desconoce el papel de víctima. Por tanto, no es de extrañar que la campaña del Instituto Nacional de la Mujer presente a la mujer como víctima e incapaz de valerse por si misma y de ahí que el INAMU insista en la necesidad de la Ley.
Es lamentable que el gobierno, y en particular el INAMU, hagan un derroche multimillonario de recursos en esta campaña injusta, habiendo tanta necesidad social e inseguridad ciudadana. Las personas deben ser electas por sus capacidades, habilidades y esfuerzo y no simplemente por su condición de género. Las políticas de género que buscan crear cuotas artificiales son desde todo punto de vista discriminatorias, violan el principio de libertad individual de todo ser humano, en particular el de asociación bajo los criterios libremente establecidos, y obstaculizan el principio democrático de elección según capacidad e idoneidad.
¿Son las políticas de género compatibles con los valores de libertad y justicia? En particular, ¿es la obligatoriedad de 50% de representación femenina compatible con la democracia? Para las feministas de Costa Rica, agrupadas bajo el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), al parecer el único argumento para apoyar esta posición no es más que el censo poblacional que indica que las mujeres representan el 50% de la población.
Uno de los pilares de la democracia es que a través del proceso electoral puedan ser electas aquellas personas mejor capacitadas, preparadas e idóneas para el cargo. Todo ser humano tiene capacidades y habilidades distintas que son TOTALMENTE independientes de género, edad, color de piel, credo, nacionalidad, orientación sexual, etc. Lo que las feministas proponen es representación según el porcentaje poblacional, lo cual nos lleva al ridículo absurdo si se tomara en serio, porque entonces habrá que asegurar el porcentaje de participación correspondiente a los aficionados del Saprissa, a los menores de edad, a personas de la tercera edad, a los negros, un 15% a los nicaragüenses, a los heterosexuales, a los músicos, a los profesionales, etc. Dar un cargo a una mujer sólo porque es mujer es tan sexista y discriminatorio como darle oportunidad a un hombre sólo porque es hombre.
Como bien dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer artículo: “Todo ser humano nace libre….”. Es decir, que el ser humano es libre por naturaleza y no por decisión o voluntad del gobierno, del legislador o de las mayorías. El principio de libertad individual es uno pero que se expresa de muchas maneras. Como bien dice el galardonado premio Nobel Friedrich Hayek en su libro “Constitution of Liberty”, la Libertad es una. La libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de comerciar, la libertad de credo, la libertad de acción, la libertad económica, la libertad de asociación, etc., todas son corolarios o consecuencias del principio universal de la libertad individual. Por tanto, todas estas manifestaciones de la libertad individual, incluyendo el derecho a la propiedad, también existen antes que el Estado, el gobierno o las leyes. El único límite a la libertad es no violentar la libertad de otro ser humano.
La libertad de asociación implica que todo ser humano tiene el derecho a agruparse en las condiciones que ellos acuerden libremente siempre y cuando no violenten la libertad del prójimo. Siendo así, como resultado de esa libertad, los individuos tienen la facultad, por derecho natural, de agruparse bajo los criterios de deseen, excluyendo a los que no cumplen con los criterios del grupo. Es decir, cualquier organización puede ser de sólo hombres, sólo mujeres, sólo católicos, sólo mayores de edad, etc. Por tanto, ningún gobierno tiene el derecho a violentar o imponer criterios de agrupación más allá de prohibir la asociación ilícita con fines de crimen organizado.
Por otro lado, toda política de género lleva implícito el supuesto de un sentimiento de inferioridad, lo cual es contrario a lo que se persigue. Abogar por la obligatoriedad de participaciones mínimas para la mujer solo se explica si se da por un hecho que la mujer no posee la misma capacidad que los hombres. El reconocimiento que vale es el que se alcanza con esfuerzo propio. Todo ser humano con autoestima desconoce el papel de víctima. Por tanto, no es de extrañar que la campaña del Instituto Nacional de la Mujer presente a la mujer como víctima e incapaz de valerse por si misma y de ahí que el INAMU insista en la necesidad de la Ley.
Es lamentable que el gobierno, y en particular el INAMU, hagan un derroche multimillonario de recursos en esta campaña injusta, habiendo tanta necesidad social e inseguridad ciudadana. Las personas deben ser electas por sus capacidades, habilidades y esfuerzo y no simplemente por su condición de género. Las políticas de género que buscan crear cuotas artificiales son desde todo punto de vista discriminatorias, violan el principio de libertad individual de todo ser humano, en particular el de asociación bajo los criterios libremente establecidos, y obstaculizan el principio democrático de elección según capacidad e idoneidad.
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