Reforma fiscal

Se acostumbra clasificar los impuestos en indirectos (impuestos al consumo), y directos (a los ingresos). Los adjetivos directo e indirecto se refieren al ingreso de la persona, y reflejan una curiosidad del quehacer fiscal de nuestros tiempos. Casi universalmente se supone que los impuestos indirectos, como el IVA, dañan más a los pobres que a los ricos, porque reducen el poder de compra de sus salarios y, en cambio, los impuestos directos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) exime a los pobres y recae en los de mayor ingreso. Se considera que teniendo estos mayor capacidad de pago, es justo que absorban mayor carga impositiva para no afectar el consumo de los más pobres.

Suena bien el razonamiento anterior pero es equivocado porque concentra la atención en el corto plazo y soslaya los efectos más graves y duraderos de mediano y largo plazo que afectan, en forma más grave y duradera, la capacidad de consumo, es decir, el salario real de los pobres. Veamos.

Recordemos que quien gana poco consume todo su ingreso y ahorra casi nada. A medida que va subiendo su ingreso, primero aumenta en cantidad y calidad su consumo, se traslada a mejor barrio, pero aún su capacidad de ahorro es poca. No es hasta cuando su ingreso es mayor que lo que acostumbra consumir, que comienza a ahorrar en forma importante. Ese ingreso que no se gasta en consumo es la fuente de ahorro, de capital, para nuevas inversiones. Mientras más alto es su ingreso mayor será su ahorro y, si su ingreso está sujeto a un impuesto, primero sacrificará el ahorro y después el consumo.

Vemos, pues, que un impuesto aplicado a los altos ingresos se paga a sacrificio del ahorro y no del consumo y, siendo así, sería más exacto llamar al ISR impuesto a la capitalización del país porque quienes lo pagan lo pagan a sacrificio de su capitalización y no de su consumo.

Al fin de cuentas, aunque no guste, el nivel de salarios lo determina la demanda y la oferta por servicios laborales. Y, como solamente –léase bien- solamente, el capital demanda mano de obra, si hay menos ahorros (menos capital) menores serán los salarios. La consecuencia del impuesto, si bien disminuye el patrimonio (no su consumo) de quienes están afectos, la sufren en carne y hueso quienes ven su capacidad de consumo reducida por ese impuesto, debido a que su salario real será mermado por el impuesto a los ingresos capitalizables. A esto hay que agregar el hecho poco comprendido y menos apreciado que otra función del capital es aumentar la productividad del trabajo, lo cual permite aumentar salarios sin aumentar costos y precios.

Siendo que el capital se invierte con objeto de obtener un rendimiento, el ponerle un impuesto al rendimiento tiene el doble efecto de dejar disponible menos capital para invertirse y de disminuir el incentivo para invertirlo. Ambos efectos disminuyen la demanda de trabajo y en consecuencia disminuyen los salarios en mayor cuantía de lo que sería con un impuesto al consumo. Y he allí la cruel ironía: sufre más el consumo del pobre (su salario) debido al ISR, al cual supuestamente no está afecto, que lo que puede sufrir con un impuesto moderado a su consumo.

Por último, los ingresos fiscales son un pedazo del pastel de la producción. Para aumentar el tamaño del pastel, y los ingresos fiscales, hace falta más inversión de capital. Trabajadores abundan.

¿Cuál es la solución al problema de la inseguridad ciudadana?

Toda aquella persona que abre hoy un periódico, observa los noticieros o escucha la radio, es merecedor de llamarse: valiente. Valiente por el hecho de tener que leer todos los días titulares como “Joven asaltado y muerto por celular”, “Paseaba por Jaco y le roban tenis”. Este es un problema no solo nacional, sino que es uno de los más comunes en toda la región Latinoamérica.

Y es que la situación empeora cada día más. Los ciudadanos sienten temor de salir a la calle porque pueden perder en cualquier momento lo que tanto les ha costado obtener y donde inclusive la vida puede estar en riesgo por algo tan pequeño como una cadena o un reloj de pulsera. Las casas son realmente una fortaleza medieval de seguridad y ahora una familia no puede ir un domingo a jugar al parque por miedo a los asaltos.

¿Qué está pasando? ¿Quién causa esta inseguridad ciudadana? ¿Cuáles son los factores que nos quitan la tranquilidad en las calles? Es el Estado quien de no ejercer la verdadera función para lo cual fue instituido ha ocasionado el incremento desmedido de la inseguridad ciudadana. En palabras de Cicerón: “La función principal del Estado es asegurar a cada uno la tranquilidad de la posesión de lo suyo”.

Un ejemplo cotidiano de que el Gobierno no cumple esta función, es el típico caso del robo de un celular. Si este no tiene un valor superior a lo que establece la ley, es considerado como una bagatela, la cual no conlleva sanción penal por lo que el delincuente puede salir libre y volver a delinquir. La propiedad es propiedad y nadie puede disponer de ella sin nuestro permiso, ni mucho menos arrebatárnosla por la fuerza.

El Estado concentra esfuerzos, dinero y tiempo en actividades que no son para combatir la inseguridad ciudadana. Actualmente nuestro sistema de justicia persigue delitos en los cuales realmente no existen victimas como lo es hostigar personas que trabajan honestamente, como los taxistas informales y los vendedores ambulantes, quienes realmente no ocasionan daño a nadie y que más bien tienen clientes que voluntaria y libremente escogieron sus servicios. ¿Esto es justicia pronta y cumplida?

¿Cuál es el resultado de todo esto? Que los ciudadanos se sientan abandonados por la Ley, ciudadanos desamparados día a día. Tenemos una justicia de años, tortuosa y con un alto gasto para el bolsillo de las victimas y el Estado -el cual es cubierto por impuestos arrancados de los bolsillos de todos los ciudadanos-, una justicia que a veces es tomada por personas cansadas de que el Estado ni siquiera eso pueda solucionar.

Hablar de construir más cárceles y de cero tolerancia para los delincuentes, no son soluciones serias a este flagelo. Si esta fuera la medida efectiva entonces, llenemos nuestro país de cárceles e instauremos nuevamente la pena de muerte en Costa Rica y acabamos con el problema.

El Estado debe dirigir sus “esfuerzo” a los siguientes puntos para solucionar el tema de inseguridad ciudadana:

. Que se persigan delitos donde existen verdaderas victimas (violaciones, homicidios, estafas), y que deje de intervenir en asuntos que no le corresponde.
. Castigar al delincuente a pagar los daños totales causados a la victima (moral, material y físico), más los costos del proceso judicial. Además, en el caso de un funcionario público el Estado no debe fomentar la corrupción a través de la ayuda solidaria por el hecho incurrido por la persona en una función gubernamental, cada ciudadano debe ser responsable de sus actos y por tanto no es superior a otra persona por el hecho de trabajar en el Gobierno, el cual pasa la factura a los demás ciudadanos con impuestos para pagar dichas deudas solidarias.
. Dar una efectiva y legítima defensa, ya que si no existe una proporcionalidad en la misma (legítima defensa) –como establece la Ley-, los papeles de los sujetos cambian y el delincuente se convierte en victima y la victima en delincuente, algo que no puede permitirse.
. Agilizar los procesos judiciales a través de la oralidad y fomentar la resolución alternativa de conflictos en ciertos delitos principalmente civiles y administrativos.
. No permitir que los delincuentes salgan antes de tiempo, acortando su pena y por tanto premiándolos para que salgan a delinquir.

Nuestra tranquilidad en las calles y aún más, en nuestra propia casa no estará asegurada hasta el día en que se realice una verdadera reforma a la Ley y principalmente cuando el Estado deje de tratar a los ciudadanos que trabajan honestamente como ladrones.