La borregada y los granjeros

Uno de los derechos humanos más básicos es el derecho de propiedad, lo cual implica el derecho sobre uno mismo (no ser esclavo de nadie) y el derecho sobre la propiedad material adquirida legítimamente. Propiedad, entonces, son todos los factores de producción (materiales e intelectuales) utilizados en el proceso de especialización, además de todos los bienes y servicios producidos e intercambiados. Se entiende por derecho de propiedad (DDP) la facultad de cada individuo para disponer de su propiedad de la manera que prefiera; el tener absoluta libertad para decidir qué producir, con quién intercambiar sus bienes y en qué términos hacerlo. El respeto al DDP origina un régimen de absoluta libertad comercial —libertad para intercambiar bienes y servicios, tanto con nacionales como con extranjeros. ¿Se respeta el DDP en Costa Rica? No.

Para que el sistema de especialización e intercambio (el sistema económico) genere la máxima cantidad de riqueza –y se distribuya de la manera más justa entre los actores–, es necesario que cada uno de los participantes encuentre la mejor solución para cada una de sus necesidades de consumo, lo cual se logra solo si se respeta absolutamente su derecho de propiedad. Sin embargo, los gobernantes latinoamericanos siempre han expresado un profundo desdén por ese derecho de sus gobernados. Lo primero que hicieron los conquistadores al arribar a estas tierras fue informar a sus entusiastas anfitriones que todo lo que aquí se encontraba (ellos incluidos) era de los Reyes de España. Ahí se borró toda noción de DDP, incluso la propiedad sobre el individuo mismo. Incapaz de conectarse con su propia humanidad, el mestizo que ha gobernado a partir del primer cuarto del siglo XIX ha hecho exactamente lo mismo: abolir el DDP, partir de cero y hacer concesiones según su conveniencia, humor u ocurrencia. De ahí los TLC. De ahí la oposición de Ottón Solís (excandidato presidencial en 2006) y sus correligionarios, de este gobierno y del anterior, a la apertura comercial inmediata y total, lo cual enriquecería a los pobres. En este particular, Manuel Ayau, fundador de la Universidad Francisco Marroquín ha señalado: "Nos hemos acostumbrado a vivir bajo un régimen de órdenes y reglamentos pero no de Derecho, lo cual tiene enormes consecuencias negativas para la sociedad, la economía y el orden público, pues coloca toda actividad bajo la discreción burocrática de "los técnicos" y no de la ley. Este es el camino al perpetuo subdesarrollo, la pobreza, la corrupción y la violencia".

¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los gobernantes criollos se sienten con la potestad de violar nuestro DDP, de tratarnos como si fuésemos animales de su granja y no individuos con derechos humanos inalienables? Muchos dirían: "porque pueden". Cierto. Pero hay otras dos explicaciones plausibles. La primera es que lo hacen porque son infinitamente crueles y corruptos. ¿Qué otro calificativo se merecen aquellos gobernantes que se enorgullecen de establecer aranceles (impuestos) gigantescos a los alimentos básicos, esenciales para la nutrición humana ─50% al azúcar, 100% a la leche, 250% al pollo, etc.─, propiciando con ello dos hechos: (1) un desmedido e ilegítimo enriquecimiento de partidarios, amigos y familiares; y (2) mucha pobreza, desnutrición y sufrimiento humano? ¿Cómo calificar a los que se vanaglorian por haber logrado mantener, en los TLC, esos abominables aranceles hasta por 20 años?

La segunda es que lo hacen por un derroche de amor mal entendido. Me explico. Imaginemos a un hombre de raza negra de Estados Unidos que encadene a sus hijos a un poste y los azote únicamente porque él interpreta que los blancos, por un amor entrañable, hacían eso con sus antepasados. Pues bien, los gobernantes de hoy han sabido que sus antepasados coloniales les negaban todo DDP a sus súbditos americanos: establecían monopolios, prohibían a las colonias la producción de ciertos bienes, el comercio con otras colonias y hasta la intra-colonial. Todo esto lo interpretan como una manifestación de amor puro y, por devoción, nos hacen lo mismo.

Democracia vs. Libertad

¿Son la libertad y la democracia sinónimos o antónimos? ¿O son más bien como conceptos independientes que pueden ir de la mano como amigos pero que otras veces son enemigos a muerte? La respuesta a estas interrogantes depende de la claridad de los conceptos que tengamos sobre libertad y democracia.

El primer punto es que la libertad del ser humano es un derecho natural. “Todo ser humano nace libre….” dice el primer artículo de la declaración universal de los derechos humanos. Es decir, la libertad es anterior a la creación de cualquier Estado y el ser humano es libre por naturaleza y no por decisión o voluntad del gobierno, del legislador o de las mayorías. La mejor prueba de que el ser humano es libre es que, si no lo fuera, entonces sería esclavo -de alguien. En términos materiales, ser esclavo significa que la persona no pude disponer libremente de su propiedad libremente adquirida y por tanto el respeto a la propiedad privada y al ingreso honestamente adquirido son expresión de la libertad. Libertad y propiedad privada son distintas caras de la misma moneda. Por eso es que Marx en el Manifiesto Comunista expresa como objetivo último comunista la abolición de la propiedad privada, es decir, de la libertad.

Por otra parte, democracia significa el gobierno de las mayorías, la voluntad de las mayorías. Esto nace como reacción a las monarquías absolutas en donde el gobierno, y por ende la ley, era la voluntad del soberano. Como dijo Luis XIV: “El Estado soy yo”. Sin embargo, la democracia, -el gobierno de la voluntad de las mayorías- implica por definición que ni la libertad individual, ni la propiedad privada, ni la libertad económica son valores o derechos naturales. En este sentido los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales, Adolfo Hitler, Daniel Ortega, Rafael Correa no son violadores de la democracia sino productos naturales de ella. Ninguno ha entrado por la cocina sino por la puerta grande. El socialismo en la democracia no es usurpación de la libertad individual porque el gobierno de las mayorías no presupone necesariamente la defensa de la libertad individual.

Un corolario de la libertad individual es la libertad económica. Quien es dueño de su ingreso y propiedad honestamente adquirida es libre para comerciar, comprar, vender, alquilar, empeñar, asegurar, prestar, producir, importar, exportar, intercambiar, regalar, recibir, heredar sin restricción de ningún tipo (incluyendo permisos, cuotas, licencias o patentes) con cualquier otro ser humano sin importar nacionalidad o credo religioso. Creer en la libertad individual es demandar el derecho a la libertad económica y al libre comercio por razones morales y éticas.

Por otra parte, quien no cree en la libertad individual sino en la voluntad de las mayorías o en la democracia, somete el libre comercio a referendos o la voluntad del legislador que representa a las mayorías. Quien cree en la democracia, no debe ver objeción a los obstáculos al libre comercio creados por ley bajo la institucionalidad democrática. Creer en la democracia es creer en el derecho a oprimir a otro. Por el contrario, quien defiende la idea de que todo ser humano nace libre no cree ni en fronteras ni en aduanas.

Ya en 1960 en su libro “Constitution of Liberty” escrito por Hayek, quien fuera galardonado con el premio Nobel en Economía en 1974 escribió como la democracia ha fracasado en preservar la libertad individual. Si democracia es el derecho de las mayorías contra la libertad individual, entonces libertad y democracia son valores distintos que se contraponen. Pero no solo Hayek sino autores como Ortega y Gasset en su libro “España Invertebraba” (1921) y Peter Drucker en “The End of Economic Man: The origins of totalitarism” (1939) nos hablan desde mucho tiempo atrás sobre esta contradicción entre libertad y voluntad de las mayorías (democracia).

El ser humano debe defender la libertad individual y no tanto la democracia. En este punto debe quedar claro que hablar de democracia liberal es un absurdo. Tampoco tiene sentido discutir si lo mejor es una democracia presidencialista o una parlamentaria, ni discutir sobre los pesos o contrapesos ni la división de poderes en la democracia porque como dice Murray Rothbard en “For a New Liberty” (1976), es el mismo gobierno decidiendo sobre si mismo. Lo importante es defender la libertad individual frente al gobierno, a los empresarios y los sindicalistas. La democracia no es un valor, la libertad si lo es. Como decía Lord Acton: “La libertad no es un medio para un fin político superior. Es en sí mismo el fin político máximo”.

TLC: ¿cuánto cuesta el mercantilismo en Costa Rica?

En un artículo anterior señalamos que la apertura inmediata de los mercados de bienes de consumo básico (y todos los demás) era la forma más efectiva de favorecer a los pobres, rurales y urbanos, y que Ottón Solís (ex-candidato presidencial en la campaña 2006 en Costa Rica), defensor de los pobres, se oponía férreamente a esa apertura. Pues bien, además de incongruente, esa aversión a la apertura conlleva costos absolutamente intolerables. Veamos.

Con base en cinco rubros (arroz, azúcar, carne avícola, lácteos y aceite vegetal), este año se realizó un estudio para cuantificar el costo social de la estrategia seguida en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) (apertura dilatada hasta por 20 años) en comparación con la liberalización inmediata. El costo social tiene dos componentes: el desperdicio de recursos y la pérdida de bienestar de los seres humanos. El desperdicio se explica de la siguiente manera: la sociedad como un todo intercambia bananos, piña, chips y otros bienes exportados, por esos cinco rubros, y tiene dos opciones para llevarlo a cabo: (1) importar el bien directamente; o (2) importar todos los insumos necesarios y, con ellos, producir el bien. El desperdicio es equivalente al exceso de gastos de recursos de la segunda opción sobre la primera. No olvidemos que las personas participan en el sistema económico con el único fin de satisfacer mejor sus necesidades de consumo. El segundo componente del costo social es el exceso de pérdida de bienestar de los consumidores (pagan más y consumen menos) sobre la ganancia de los productores de los distintos bienes. Para cada uno de los componentes, el estudio obtuvo el promedio de los últimos tres años y, con base en este, el valor para cada año del período de desgravación. Luego estimó el valor neto actual (VNA) del flujo de costos.

Desperdicio de recursos. Según los resultados, la sociedad costarricense desperdiciará no menos de US$2.360 millones (¢1,2 billones) a lo largo de los períodos de desgravación de solo esos cinco rubros. Ese despilfarro equivale al 12,8 por ciento de todo el producto interno bruto (PIB) nacional de 2004, y al 166 por ciento del PIB agropecuario del mismo año. Los mayores desperdicios ocurrirán en los sectores de lácteos y arroz, con costos anuales equivalentes al 100 y 133 por ciento, respectivamente, del valor (a precios internacionales) de toda la leche fluida y el arroz producidos en el país; y al 355 por ciento del valor agregado del sector agrícola arrocero en 2004. En arroz, solo el 8 por ciento del desperdicio ocurrirá en la fase agrícola; el 92 por ciento se dará en la etapa de industrialización. ¡¿Cuál valor agregado?!

Pérdida de bienestar. Para los cinco rubros, la pérdida de bienestar será equivalente a US$1.795 millones. Los mayores costos ocurrirán en los sectores lácteos, arroz y carne avícola, en ese orden. En el último, el valor para la población de lo que se dejará de consumir anualmente es mayor que el valor de todo el pollo consumido (partes negras), a precios internacionales. En arroz, la pérdida de bienestar anual equivale al 42 por ciento del valor internacional de todo lo que se consume en el país en un año.

Transferencias. El valor neto actual (VNA) del flujo de transferencias de consumidores a ciertos productores será de US$3.045 millones (¢1,6 billones), lo cual explica por qué ciertos gremios de productores se adueñaron de todos los espacios posibles durante la negociación del tratado e hicieron inversiones multimillonarias, en dólares, durante ese proceso y el que culminó con el referendo. En VNA, esas transferencias equivalen el 73 por ciento del costo social y el 129 por ciento del desperdicio de recursos.

Recomendación. Ante esta realidad, el estudio recomienda la siguiente estrategia para futuras negociaciones: desgravar todos los rubros alimentarios en forma inmediata y, a su vez, compensar a los agricultores pobres que sean productores netos de esos bienes. Esta estrategia es mil veces más inteligente y enriquecedora. ¡Bata ya de tanta tontería!

Precios y petróleo

No hay tal conspiración. El precio del petróleo ha subido porque China ha pujado su precio para conseguirlo. Entre tanto, el aumento de la oferta que causaría una baja en el precio no ocurre a pesar de las atractivas utilidades de quienes ya producían, porque la producción ha sido reprimida por políticos presionados por exigencias de ecologistas o ideológicas. No han permitido extraer petróleo en el norte de Alaska ni en las costas de EEUU. y han obstaculizado la construcción de nuevas refinerías. En México, como otros países que socializaron el petróleo, su producción merma a pesar de su enorme potencial de gas y petróleo, y no permiten a nadie más que al gobierno (Pemex) que lo explote. Como el perro del hortelano, no cuenta con los recursos para hacerlo ni deja que otros lo hagan. En Venezuela, Chávez ha logrado mermar la producción en 30%. Y así, muchos gobiernos (los políticos) que disponen de los recursos de sus países impiden el crecimiento de la oferta. Brasil en cambio, liberó la producción privada y ahora es exportador neto de petróleo.

Todos sabemos que todos los precios son consecuencia de dos pujas: de quienes desean comprar y de quienes desean vender. Tanto quien compra como quien vende compite ya que nada es infinitamente abundante y no alcanza para todos. De alguna manera todo hay que racionarlo. Cuando los gobiernos ponen precios tope les toca sólo a los que llegan primero a la cola. También se puede racionar al azar, rifando. En ocasiones los gobiernos racionan utilizando tarjetas y deciden a quienes les toca y a quienes no. Las tarjetas, los puestos en cola o el premio de la rifa suelen venderse después en el mercado negro, a quienes de todos modos hubiesen pagado más en el mercado.

También los precios de mercado son un método de racionamiento. Usuarios pujan precios para arriba para excluir usos de menor prioridad. Vendedores pujan precios para abajo para excluir a otros que sólo venderían a precio más alto. He aquí una paradoja: pujan precios para arriba quienes compran y para abajo quienes venden. Y siempre se da la tendencia a que sólo haya un precio para igual mercadería (en iguales condiciones de calidad y accesibilidad) porque nadie le compraría a quien vende más caro si sabe que otro le vende más barato y nadie vendería más barato si sabe que otros venden más caro.

El comprador marginal es quien si el precio fuese más alto ya no compraría. El vendedor más eficiente baja su precio para excluir a productores marginales, pero sólo hasta donde dejará de ganar. Cada rebaja para incluir a más compradores aumenta el beneficio de los compradores que están dispuestos a pagar más (ganancia del comprador). Así resulta que, son los vendedores marginales y los compradores marginales quienes determinan los precios de tal forma que los recursos se destinen acorde a las prioridades de la sociedad.

La señal de que la gente quiere más petróleo es que su precio sube, aumentando las ganancias de los productores existentes y en consecuencia, si no se impide, atraerá a otros productores que dejarán de hacer otras cosas menos urgentes, y su precio baja. Y al fin de cuentas, serán los más pobres los más afectados pues pagarán más por la gasolina debido a los políticos y ecologistas.

Destruyendo Empleos

El razonamiento es sencillo: toda inversión de capital en nuevas empresas fracasa si no consigue personal. Para conseguirlo, tienen que sacarlo de donde está, ofreciendo mejores condiciones. Eso obliga a los patronos que no quieren perder a sus trabajadores a igualar las nuevas ofertas. Una sola empresa no hace la diferencia, pero la suma de muchas sí empuja para arriba los salarios de todo el país.

Eso sucedió en países donde los trabajadores agrícolas pobres fueron atraídos por mejores empleos industriales, donde el aporte de su trabajo es de mayor valor para la sociedad y por eso les pagan más. Su tarea en el campo quedó relegada a los tractores agrícolas en los que los dueños de fincas se vieron obligados a invertir capital, para poder producir más con menos trabajadores, pero mejor pagados para conservarlos. Fue el aumento de esa demanda de trabajadores de parte de la industria lo que elevó los salarios en el campo, donde para poder pagar más sin aumentar costos y precios tuvieron que invertir en capital para aumentar el rendimiento de la mano de obra. Pero fueron las inversiones en la industria lo que aumentó la demanda de trabajadores y forzó el alza de todos los salarios.

La inversión requerida por cada plaza varía según el trabajo, pero sólo se invierte para ganar dinero, aumentando el rendimiento al capital invertido. Y como hoy ya se puede invertir vía la Internet en cualquier parte, la competencia por los capitales es mundial: si rinde más en Irlanda, el empleo se creará allá. Así vemos cómo emigran los capitales dentro de Estados Unidos de los estados con impuestos sobre la renta, como California y Nueva York, a otros que no lo tienen, como Oregon, Alabama y Florida.

Como lo que atrae las inversiones son las ganancias, ¿no es absurdo ponerle un impuesto de 30% a esas ganancias? Resulta que los más perjudicados por esos impuestos que "pagan los ricos" son los pobres que no los pagan de su bolsillo sino con sus oportunidades de empleo o ganando menos. Por su parte, los ricos no sacrifican consumo para pagar el impuesto sobre la renta, sino que reducen sus inversiones.

Cuando aumenta la inversión aumenta también el rendimiento, por lo que el gobierno también se beneficia. Pero si desalienta la inversión estará sacrificando ingresos que podría emplear en beneficio de los pobres.

Hay una verdad lógica: apartando la inflación, los salarios sólo suben cuando aumenta la demanda de trabajadores. Pero cuando el gobierno contrata a un funcionario público, ese sueldo tiene que extraerse al sector privado por medio de impuestos. Así, esa plaza burocrática implica el sacrificio de la que se hubiera creado en el sector privado. Es una mera sustitución, con la diferencia que las plazas del sector privado son para producir y las del sector público, generalmente, para consumir.

El impuesto sobre la renta daña a los pobres, pero lamentablemente es un caso ideológico, en el que la razón y la lógica no se toman en cuenta. Basta hacer creer la tesis errónea de que tales impuestos los pagan los ricos y que el gobierno lo gasta en los pobres.